Pbro. Gabriel González: Espacios libres de religión.

Una vez más la sobredimensionada laicidad es utilizada para avasallar derechos fundamentales. Nos referimos al proyecto de decreto presentado en la Junta Departamental de Montevideo para impedir que se instalen símbolos religiosos en el espacio público de la capital. Decidir acerca de la presencia de símbolos religiosos, en un sistema democrático, forma parte de las políticas públicas de cada Estado -en este caso un gobierno departamental-, pero revela el modo cómo integra lo religioso en un entorno plural. Partiendo, entonces, del derecho que reconocemos al poder público de organizar los espacios ciudadanos, la pregunta es otra: ¿es una decisión adecuada? Esto inevitablemente nos lleva a valorar si la concepción de laicidad que se defiende es pertinente para nuestros tiempos. La laicidad o, para ser más específicos jurídicamente, la neutralidad, como principio informador en cuanto a la relación del Estado con el fenómeno religioso, no se la puede concebir en forma aislada, sino en relación con el derecho humano fundamental a la libertad religiosa, y con otros principios, como el de cooperación.

Todos interdependientes y presentes en el artículo 5º de nuestra Constitución, y en otros preceptos constitucionales. Porque, cuando hablamos del derecho de libertad de religión no supone solamente la libertad de creer, sino también la de manifestar las creencias, en forma individual y grupal, privada y pública. No tengo que explicar lo que está consagrado en tantos instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos suscritos por Uruguay. Por tanto, la neutralidad del Estado en materia religiosa nunca puede erigirse como un fin en sí mismo, sino que es la expresión de cuánta libertad está dispuesto el poder público a conceder al factor religioso. Es claro que el proyecto en cuestión, está dispuesto a conceder muy poca libertad religiosa y de expresión. Prueba de ello es la pretensión de eliminar la simbología religiosa estática del ámbito público, es decir, buena parte de la manifestación religiosa de una sociedad. En este punto, la neutralidad del Estado no es sinónimo de eliminación de los símbolos religiosos. Diseñar espacios públicos para invisibilizar a la religión es signo de una laicidad no amigable, poco neutral. No es imparcial el poder público cuando crea espacios «libres» de religión, no «contaminados» por este factor cultural de primer orden. Revela una visión hemipléjica, que no refleja la realidad social, y que termina creando espacios ficticios. En estos espacios de la comunidad, las sociedades siempre han exhibido sus símbolos religiosos.

Un gobierno que los prohíbe, denota indiferencia y muy poco respeto a las tradiciones de su pueblo y a las libertades de sus ciudadanos. Los símbolos con los que una comunidad se identifica son fruto del consenso, por lo que, frente a valoraciones individuales y subjetivas, prevalece la valoración social, ya que es la sociedad quien da sentido a sus símbolos. Ninguna intervención estatal oportunista debería ponerlos en peligro. La neutralidad debe se inclusiva, respetar la evidencia del pluralismo de ideas y convicciones presentes en una sociedad, debe reconocer y regular, no expulsar o recortar expresiones de un hecho cultural. No es un argumento de recibo –que aparece en la exposición de motivos del proyecto– excluir la simbología religiosa para evitar «motivos de disputa». Frente a la creencia, la no creencia –ateísmo y agnosticismo– es colocada como postura no conflictiva.

No hay fundamento para que lo religioso despierte estas suspicacias o sospechas que no se tiene con otras manifestaciones culturales. En realidad, la comprensión de que la religión forma parte esencial de la cultura ayuda a enfocar y resolver los distintos problemas. Resulta muy llamativo que en el ámbito de un gobierno departamental embanderado con el progresismo, la inclusión, la tolerancia y el pluralismo, existan posturas que pretendan regresar más de un siglo, para imponer una homogenización mediante la exclusión. Hoy, el poder público debe gestionar eficazmente la diversidad, sin amputaciones, de acuerdo a lo que la realidad social le brinda, sin imponer un igualitarismo forzoso. ¿Por qué no crear un espacio público libre de imágenes y símbolos políticos? Claramente aquí hay una manifestación intolerante y discriminatoria respecto a la mayoría de la población creyente.

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