Productores, trabajadores rurales y familias de la zona de Casupá, recibieron a la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados para recorrer el área que se vería afectada por la construcción de la represa de Casupá.
La visita dejó en evidencia la preocupación de los habitantes locales, que advierten sobre la pérdida de tierras, viviendas, empleos y montes nativos, así como sobre el desarraigo de comunidades con raíces históricas en la región.
“No es un tema económico, es nuestro hogar”
Uno de los testimonios más sentidos fue el de Silvana Facchelli Díaz, vecina del lugar, quien destacó que el impacto va mucho más allá de lo material:
“Ustedes fueron testigos de lo que es nuestro monte nativo, 438 hectáreas que se pierden. Acá el pequeño productor pide ayuda porque se queda sin su tierra. Mis ancestros están de los dos lados del arroyo Casupá. ¿Cómo hacemos para desarraigarnos? ¿Qué paga nuestro destierro? No es un problema contra un gobierno ni contra Montevideo; es un problema común de vecinos que compartimos la felicidad de vivir en esta tierra”.
En la misma línea, Juan Andrés Lorenzo, habitante de la zona, explicó que su familia de cinco integrantes deberá abandonar su vivienda sin contar aún con un plan claro de reubicación. “Todavía no sabemos qué va a pasar ni hemos tenido contacto con las autoridades”, aseguró.
Caminos y accesibilidad, otra preocupación
El productor Álvaro Rivadavia advirtió sobre los problemas que traerá la represa en la conectividad de la zona. Explicó que varios de los caminos rurales quedarán bajo agua, dejando como único acceso rutas mucho más largas y complicadas. “Estamos a pocos metros del arroyo. En invierno, con los pasos inundados, no habrá forma de moverse. Eso significa aislamiento para familias, productores y hasta para las escuelas rurales que funcionan aquí desde hace más de un siglo”, señaló.
Trabajo en riesgo
El impacto en el empleo también preocupa. Leticia Peralta, trabajadora de un establecimiento rural próximo al arroyo, afirmó que tanto ella como sus compañeros quedarán sin trabajo:
“El establecimiento donde trabajamos quedaría prácticamente bajo agua, junto con el mejor campo productivo. Somos tres empleados fijos, pero durante el año vienen albañiles, alambradores, veterinarios y otros trabajadores. Indirectamente, mucha más gente perderá ingresos”.
Una advertencia política
La ex intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, cuestionó con dureza el proyecto, al que calificó de “problema social, económico y ambiental”. Señaló que afectará a familias que dependen de pequeñas explotaciones rurales y a tres escuelas centenarias. “Queremos radicar gente en el interior, en el Uruguay productivo, y lo que estamos haciendo es echar a los productores de la zona”, dijo.
Peña sostuvo además que existen alternativas menos costosas y rápidas para solucionar los problemas de abastecimiento de agua en Montevideo, como la construcción de tomas en el Río de la Plata. “Una obra de este tipo es más barata, se hace en menos tiempo y no destruye familias ni monte nativo”, remarcó.
Posturas en el Parlamento
Los legisladores que participaron de la recorrida recogieron distintas visiones. El diputado frenteamplista Carlos Reuter señaló que existe “desinformación” entre los vecinos sobre lo que será la represa, aunque reconoció que deben realizarse nuevos estudios de impacto ambiental. “El proyecto de 2017 quedó archivado, y ahora corresponde actualizar todos los análisis ambientales y sociales antes de avanzar”, subrayó.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Ambiente, Sergio Valverde, consideró que la visita permitió dimensionar la magnitud del impacto: “Recorrimos las 3.600 hectáreas que quedarían bajo agua. Lamentablemente, los mejores campos productivos de la zona son los que desaparecerían. Debemos evaluar con seriedad estas inquietudes antes de tomar decisiones”.
En tanto, otros legisladores como Álvaro Rodríguez Hunter Diputado de Florida por el Partido Nacional remarcaron que el proyecto también puede significar desarrollo y empleo para la zona, aunque reconocieron la necesidad de “buscar formas de contemplar a los vecinos afectados”.
Un futuro incierto
La construcción de la represa de Casupá busca garantizar el abastecimiento de agua potable para Montevideo y el área metropolitana, pero su puesta en marcha aún genera dudas y resistencias. Mientras el gobierno avanza en los planes, las familias de la zona temen por el desarraigo, la pérdida de empleos y la desaparición de un paisaje natural que forma parte de su identidad.
“Este no es un problema de banderas políticas”, resumió Facchelli. “Es un problema de vecinos que quieren seguir viviendo en su tierra”.
