La Justicia francesa confirmó el laudo favorable al Estado y dejó sin efecto la pretensión de cobrar US$ 3.536 millones. Además, Uruguay podrá reclamar unos US$ 4,8 millones por costas y costos del proceso. Redacción Diario CAMBIOS
Uruguay obtuvo un nuevo fallo favorable en el litigio internacional vinculado al proyecto minero Aratirí, luego de que el Tribunal de Apelaciones de París confirmara el laudo arbitral que había desestimado una demanda por 3.536 millones de dólares contra el Estado. El resultado fue comunicado por la Presidencia de la República el jueves 29 de octubre y representa un desenlace favorable para el país en la mayor demanda económica de este tipo que debió enfrentar.
El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, informó que el conflicto se inició en 2018, cuando los titulares de un fideicomiso propiedad de Aratirí promovieron un arbitraje contra la República Oriental del Uruguay. La reclamación ascendía a US$ 3.536 millones, una cifra que convirtió el caso en uno de los litigios más relevantes para las finanzas públicas uruguayas.
En 2020, el Estado presentó su defensa ante la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), que resolvió a favor de Uruguay. Sin embargo, los demandantes apelaron y, en 2023, el Tribunal de Apelaciones de París anuló esa decisión. Frente a ese resultado, Uruguay recurrió a la Corte de Casación de Francia para solicitar su revocación.
En 2025, la Corte de Casación anuló el fallo anterior y remitió el expediente a otro tribunal para que volviera a examinar el asunto. Finalmente, el miércoles 28 de octubre de 2026, el Tribunal de Apelaciones de París volvió a pronunciarse a favor de Uruguay y mantuvo el laudo arbitral que había rechazado las pretensiones económicas de la parte demandante.
Un resultado con impacto económico
Además de descartar la reclamación multimillonaria, la resolución tiene consecuencias económicas directas. Según explicó Díaz, Uruguay podrá ejecutar el cobro de aproximadamente 4,5 millones de dólares a los demandantes por concepto de costas y costos del proceso. A esa suma se agrega una condena adicional de 300.000 dólares por costas.
De esta manera, el resultado no solo evita que el Estado deba afrontar la indemnización reclamada, sino que también establece importes que podrá exigir a la contraparte por los gastos del litigio. El cobro efectivo de esas cantidades dependerá de la ejecución de la resolución correspondiente.
La estrategia de defensa del Estado
Díaz señaló que, a partir del cambio de Gobierno, Uruguay modificó su estrategia de defensa, contrató nuevos expertos y cambió de estudio jurídico para continuar con el caso.
El prosecretario destacó que el resultado constituye una señal sobre la seguridad jurídica del país y su actuación ante controversias internacionales. En ese sentido, sostuvo que Uruguay demuestra ser un Estado que brinda certezas jurídicas y respeta los contratos.
El litigio por Aratirí se suma a otras controversias en las que el país ha intervenido ante reclamaciones económicas de gran magnitud. Entre ellas, Díaz mencionó el caso de Neltume Ports, relacionado con Montecon, en el que se dejó sin efecto otro laudo por 350 millones de dólares, así como las negociaciones que se mantienen con el grupo canadiense ATCO, accionista de Montecon.
La resolución sobre Aratirí marca un nuevo capítulo en un conflicto que atravesó distintas instancias judiciales y arbitrales durante varios años. Con la confirmación del laudo favorable, queda rechazada la pretensión económica de US$ 3.536 millones que dio origen al procedimiento.