Esequiel Ibarra explicó a Diario CAMBIOS que hay una fuerte controversia legal por la forma en que estas entidades descuentan dinero directamente de los sueldos sin el consentimiento actual del cliente ni proceso judicial previo. Redacción de Cambios
El activista Esequiel Ibarra informó a Diario CAMBIOS que aún no hubo respuesta del Banco Central del Uruguay (BCU) al pedido de informes sobre qué financieras están habilitadas para realizar descuentos directos del salario. El trámite podría demorar unos 20 días y, según indicó, no se descarta que el BCU opte por no brindar datos, argumentando la protección del sistema financiero, como ya ha sucedido en otras ocasiones.
En este marco, Ibarra profundizó sobre la situación de Fucac, también conocida como Crédito Verde, explicando que la discusión de fondo gira en torno a la legalidad de los descuentos directos que realizan. Si bien estas empresas sostienen que cuentan con autorización legal, el problema principal es que la legislación actual no establece que la autorización de descuento sea irrevocable. “No existe en la ley algo expreso que diga que esa autorización es irrevocable”, subrayó Ibarra.
Otro punto crítico es la forma en que se están ejecutando los descuentos. Según explicó, en muchos casos las entidades inician la retención del salario por supuestos atrasos sin que exista una orden judicial, amparándose en un “vale de deuda” que incluye una cláusula de consentimiento. Sin embargo, la Ley 14.701 exige que estos vales se ejecuten mediante un proceso judicial, lo que no está ocurriendo.
Además, “el Código General del Proceso (artículo 381.1) establece que los sueldos son inembargables, salvo excepciones que no incluyen este tipo de créditos al consumo. Por lo tanto, la práctica de estas entidades podría estar incumpliendo la normativa vigente”.
Ibarra también denunció que, en muchos casos, las personas solo pagan intereses sin llegar a saldar la deuda, lo que genera un endeudamiento crónico. “Le sacan del aguinaldo, del salario vacacional, de absolutamente todo”, afirmó, advirtiendo que estas prácticas asfixian económicamente a muchas familias.
Otro aspecto señalado como preocupante es la ambigüedad con la que se presentan estas entidades: actúan como cooperativa para obtener ciertos beneficios legales, pero se registran ante el Banco Central como administradoras de crédito, lo que les permite operar con menos restricciones.
Finalmente, recordó que “esta empresa ya fue condenada anteriormente por prácticas de usura, y cuestionó que en Uruguay se hable poco sobre las empresas que cobran intereses abusivos”. “Lo que está autorizando el Banco Central hoy es una usura contra el pueblo uruguayo”, afirmó.
Actualmente, se están organizando personas afectadas para presentar reclamos, asesorados por un profesional legal. También se está impulsando una demanda colectiva contra otra empresa, Cash, por cobros de intereses que superan los límites legales.
Fuente: Testimonio de Esequiel Ibarra.