Una vez más, según los resultados electorales en las municipales, queda claro que a la mitad de los ciudadanos de Montevideo no les interesa la gestión y la eficiencia de su gobierno.
La realidad indica que a la mayoría de los montevideanos no les preocupa la basura, ni el tránsito caótico, ni la falta de iluminación, ni las calles y veredas deshechas o inexistentes, por las que deben circular.
No les interesa la ausencia de transparencia y cristalinidad en el uso del dinero público por parte de las autoridades de la intendencia, ni las compras directas a empresas “amigas”, o la contratación de militantes con altos sueldos y privilegios.
No se indignan por las “ventajas” que tienen los funcionarios municipales, en razón de su filiación política, desde hace 35 años, con absoluta impunidad y descaro.
En resumen, podría afirmarse, con pesar, que los dirigentes políticos que confían en realizar las obras necesarias y gestionar con diligencia los recursos públicos, para obtener respaldo electoral, tienen un profundo desconocimiento de lo que pasa por la mente de grandes sectores de la sociedad.
En el Uruguay actual, con prácticas y costumbres que recuerdan al siglo 19, esas “pequeñeces” no interesan a vastos sectores de la población.
En tanto a nivel nacional, la Coalición Republicana apostó a una gestión de obras, puentes y carreteras en todo el país, apuntó a modernizar y preparar el futuro para las inversiones y emprendimientos, realizando una enorme inversión en políticas sociales y preservando todo lo posible una economía ordenada y seria, pensando que la población valoraría el esfuerzo y respondería a ello en las elecciones de 2024.
No fue así.
No ha sido así en las últimas décadas, si se estudian los resultados electorales en todo el país y en Montevideo, al analizar la gestión realizada por los gobiernos nacionales y departamentales de la izquierda.
El gobierno de Lacalle Herrera (1990-1995) fue, para muchos analistas, el mejor desde el retorno de la democracia, en materia de gestión y legado. Además de ser el primero auténticamente republicano y democrático luego de la dictadura (primera elección sin proscriptos ni condicionamientos desde 1971).
Sin embargo, una concertada operación de prensa de adversarios políticos y otros poderes, deslegitimó y opacó para la historia a ese gobierno que impulsó la mayor agenda de cambios reales en el país en décadas.
Tras el gobierno de Lacalle Herrera, los blancos perdieron la elección en 1995 a manos de Julio Sanguinetti, uno de los ideólogos de dicha operación mediática y política, según recuerdan dirigentes nacionalistas de la época, por apenas 23 mil votos.
Dicha ofensiva feroz y coordinada de adversarios y prensa, denominada por Lacalle Herrera: “la embestida baguala”, tuvo una pobre defensa de su propio Partido y sepultó sus expectativas de regreso al poder, pese a que no tuvo consecuencias en la justicia.
En los posteriores gobiernos del Frente Amplio, en cambio, sucedieron hechos gravísimos de corrupción que terminaron con un vicepresidente de la República, ministros, legisladores y otros principales jerarcas, condenados por la justicia, pero no hubo afectación en los resultados electorales de dicho partido.
El Frente Amplio continuó ganando elecciones sin inconvenientes, a nivel nacional, en Montevideo y Canelones.
¿Qué le sucedió a la sociedad durante los gobiernos frenteamplistas?
¿Por qué cambió la valoración electoral de la sociedad sobre la corrupción comprobada de los dirigentes de izquierda aún con el fallo condenatorio de la justicia?
¿Habrá sido porque durante los gobiernos frenteamplistas cambió el tratamiento de los hechos de corrupción por parte de los periodistas y los medios de prensa?
¿O habrá sido por un profundo descreimiento de la sociedad en la justicia?
¿Incidió en ello la defensa cerrada de cualquier hecho de corrupción o presunta corrupción que hizo el Frente Amplio de cada uno de sus dirigentes denunciados y condenados por la justicia?
¿O la negación absoluta de la corrupción que los dirigentes de la izquierda realizan, aún cuando tengan las pruebas frente a sus ojos?
Cuanto más se deteriora la formación ciudadana y su educación, menos capacidades y criterios tienen los pueblos para analizar críticamente a sus gobiernos.
Las dádivas del Estado, el clientelismo y el populismo de izquierda, han sido elementos que han incidido en forma determinante en los resultados de las elecciones en 2009 y 2014.
Mientras que en 2019, luego del resultado de octubre en el que la Coalición sacó 366.000 votos más que el Frente Amplio, el entonces oficialismo casi revierte el resultado en el balotaje (la remontada de Daniel Martínez), en el que perdió por apenas 37.000 votos, un 1,5 % de los votos.
También habrá que analizar esa capacidad del Frente Amplio en 2024 para revertir en apenas un mes la ventaja de unos 90.000 votos que le sacó la Coalición Republicana en octubre.
El reparto del botín estatal, la creación de empleos públicos, el “favor” a las empresas amigas, se convirtieron en las claves del acceso al poder, especialmente en los países de América Latina.
La llegada de la izquierda al gobierno en la región a principios del siglo 21, empeoró los indicadores sociales, empobreció intelectual y económicamente a las poblaciones y las hundió en el deterioro moral y la ignorancia, caldo de cultivo ideal para ese populismo socialista.
Las enormes cantidades de dinero que manejan y distribuyen a su antojo, a través de los recursos que vuelca el Estado para su funcionamiento y los métodos de recaudación compulsiva con legisladores y cargos en los gobiernos, también son un impulso muy fuerte a las políticas de asistencialismo y populismo para la conquista de votos en los sectores más humildes.
El MPP es un claro ejemplo de ello. Con una “ideología” muy difusa que oscila entre la izquierda y la derecha, sin ruborizarse y sin que la sociedad se sorprenda, ha prácticamente destruido electoralmente a los llamados partidos “ideológicos” como el comunista y el socialista, quedándose con la enorme mayoría del Frente Amplio.
Según explican analistas a nivel regional, el MPP es el grupo político recaudador, con propiedades y emprendimientos comerciales, que realiza inversiones en distintas áreas de la economía nacional e internacional y se organiza como una empresa, según comentan ex militantes.
Resulta entonces que el movimiento político se fortalece en recursos para sus fines electorales pero se debilita en la falta de capacidades y preparación para realizar una gestión de gobierno que favorezca a la población del país, lo cual debería ser su objetivo y tarea principal.
Se llega entonces a un sistema político con una aparente contradicción que marca nuestro tiempo: partidos políticos fuertes, pero populistas y clientelistas, con democracias débiles, que profundizan la ignorancia y la desigualdad en el tratamiento de los ciudadanos ante la ley, con una formación cívica casi ausente y una justicia desprestigiada que privilegia a los sectores más poderosos de la sociedad.