El Ministerio de Salud Pública (MSP) avanza en la reglamentación de la ley de muerte digna, cuya implementación comenzará a hacerse efectiva a partir del mes de abril en todos los prestadores de salud del país.
La normativa, promulgada en octubre de 2025, establece el marco legal para que determinadas personas puedan solicitar la eutanasia bajo condiciones específicas, “garantizando así el derecho a transitar el proceso de morir de manera digna”.
La reglamentación en curso marcará el inicio de una nueva etapa en el sistema sanitario uruguayo, ya que todos los prestadores que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) deberán poner a disposición de los usuarios los servicios correspondientes. Esto incluye no solo a instituciones públicas y privadas, sino también a los servicios de sanidad policial, sanidad militar y el Hospital de Clínicas.
Según se informó, el plazo para que cada institución adecue sus procedimientos y protocolos vence en abril, fecha a partir de la cual la ley comenzará a regir plenamente en la práctica asistencial. En este período de transición, los prestadores trabajan en la elaboración de protocolos operativos que regulen la práctica y en la conformación de las comisiones evaluatorias que deberán intervenir en cada solicitud.
La ley establece que podrán solicitar la eutanasia aquellas personas que padezcan una enfermedad terminal, incurable e irreversible. “El objetivo central de la norma es regular y garantizar el derecho de las personas a decidir sobre el proceso final de su vida en determinadas circunstancias, asegurando que ese tránsito se realice en condiciones de dignidad, respeto y acompañamiento médico”.
La reglamentación que elabora el MSP es clave para definir los procedimientos concretos que deberán seguirse, tanto en la evaluación médica como en los aspectos administrativos y éticos. Entre los puntos centrales se encuentran los criterios clínicos para determinar la condición del paciente, los plazos de evaluación, la intervención de equipos interdisciplinarios y las garantías para que la decisión sea informada, libre y voluntaria.
Asimismo, cada prestador deberá integrar una comisión evaluatoria encargada de analizar las solicitudes y verificar que se cumplan los requisitos establecidos por la ley. Estas comisiones tendrán un rol fundamental para asegurar la transparencia y el cumplimiento estricto del marco normativo.
La implementación de la ley supone también desafíos organizativos y formativos para el personal de salud, que deberá capacitarse en los nuevos protocolos y en el abordaje integral de los pacientes que opten por esta alternativa. Desde el MSP se trabaja para que el proceso se desarrolle de forma ordenada y homogénea en todo el territorio nacional.
Redacción de Cambios