La Fiscalía de Lavado de Activos avanzó con un nuevo pedido de imputación en el marco del caso Conexión Ganadera, al solicitar la formalización de la investigación contra M R, uno de los titulares de la empresa Pasfer, y requerir una serie de embargos millonarios sobre sus bienes.
Según el Ministerio Público, el empresario reconoció que no contaba con el ganado correspondiente a los inversores y que las declaraciones oficiales se realizaban sin verificar la existencia real de los animales.
El planteo fue presentado antes del inicio de la feria judicial por la fiscalía encabezada por Enrique Rodríguez, y se suma a las imputaciones ya dispuestas contra Pablo Carrasco, Ana Iewdiukow y Daniela Cabral. Carrasco e Iewdiukow cumplen prisión preventiva y son investigados por estafa y lavado de activos, mientras que Cabral permanece en prisión domiciliaria como medida cautelar por un delito de estafa.
Pasfer operaba como tomadora de ganado de Conexión Ganadera y mantenía una relación comercial estrecha con Gustavo Basso, fundador del fondo ganadero. De acuerdo a la solicitud fiscal, la empresa comenzó a vincularse con Conexión Ganadera en 2015, año en el que M.R. asumió como director, utilizando para la actividad un campo arrendado en Paraje Tres Cruces, departamento de Treinta y Tres.
La investigación señala que Pasfer firmó 69 contratos bajo las modalidades de bono ganadero y pool ganadero, productos mediante los cuales los inversores mantenían la propiedad del ganado, aunque este quedaba bajo custodia de la empresa. En función de esos contratos, la firma debía contar con 5.758 animales de distintas categorías.
No obstante, una declaración jurada de Dicose presentada el 30 de junio de 2024 indicaba la existencia de 12.860 vacunos. Esa información fue puesta en duda tras una inspección del Ministerio de Ganadería realizada en febrero de 2025, en la que se contabilizaron apenas 822 animales, y solo una parte de ellos correspondía a inversores de Conexión Ganadera.
La Fiscalía sostuvo que se detectó el faltante de unos 5.000 vacunos, pertenecientes a clientes del fondo, respecto de los cuales Pasfer y su director habían asumido compromisos contractuales. En su declaración ante el Ministerio Público, Rodríguez admitió que el ganado no estaba y llegó a cuestionar que alguna vez hubiera estado en el campo.
El expediente también incorpora el testimonio del encargado del establecimiento rural, quien señaló que, por las características del predio —unas 12.000 hectáreas, con una parte destinada al cultivo de arroz—, la capacidad máxima rondaría las 8.000 reses, muy por debajo de las cifras declaradas. Para la Fiscalía, esa diferencia confirma que la declaración jurada carecía de veracidad.
Respecto a los registros ante Dicose, el propio Rodríguez reconoció que los realizaba “a ojo”, sin comprobar efectivamente la existencia del ganado. Para el Ministerio Público, las pruebas reunidas indican que el empresario se apropió de los semovientes, falseó documentación oficial y dificultó conocer su destino real. Además, se remarca que la situación de Pasfer no puede analizarse de forma aislada, sino como parte del entramado delictivo vinculado a Conexión Ganadera.
En cuanto a las medidas cautelares, la Fiscalía no solicitó prisión preventiva, pero sí restricciones a la libertad de circulación, entre ellas la prohibición de salir del país mientras continúe la investigación. También pidió embargos sobre un campo en Canelones valuado en US$ 1.430.000, un inmueble en Paysandú estimado en US$ 400.000, una camioneta Dodge Ram valuada en US$ 40.000, el embargo de un crédito de US$ 56.000 a favor de Pasfer y un embargo genérico sobre las acciones del empresario y de la empresa.
Redacción de Cambios
Fuente: Joaquín Symonds – Montevideo Portal (www.montevideo.com.uy)