Cada tanto reaparece la propuesta de crear en Uruguay un Ministerio de Justicia, como si la iluminación les bajara como la solución a los problemas del sistema judicial uruguayo. Algunos lo venden como una solución mágica para coordinar, agilizar o modernizar. Pero cuando uno mira con atención lo que ha pasado en países que sí lo tienen, como Brasil, las alertas se encienden.
En Brasil hay un ministerio para controlar la justicia.
Brasil tiene un Ministerio de Justicia y Seguridad Pública con funciones amplias: coordina la Policía Federal, el sistema penitenciario, derechos humanos y migración. En teoría, eso suena eficiente. En la práctica, ha sido un canal de injerencia política directa sobre la justicia.
Han habido casos muy sonados como la renuncia de Sergio Moro. En 2020, el entonces ministro de Justicia, reconocido por su rol como juez en el caso Lava Jato, renunció públicamente denunciando que el presidente Jair Bolsonaro quería interferir en investigaciones y nombrar a dedo al jefe de la Policía Federal. En aquella oportunidad Moro dijo:
“No puedo seguir si se compromete la autonomía de la institución”.
El hecho mostró que cuando un Ministerio controla fuerzas investigativas, el poder político puede intentar usarlas a su favor.
El ministerio había ganado demasiado poder. Y cuando el poder político controla la seguridad y la justicia desde una misma estructura, la línea entre Estado y partido se vuelve muy delgada.
En nuestro país lo que funciona, no se cambia y lo que debe mejorar se mejora.
Acá no hay Ministerio de Justicia, y eso ha sido una fortaleza: Un Poder Judicial independiente, una Fiscalía General de la Nación bastante cuestionada pero que puede y debe mejorar y ser dotada de recursos, una Defensoría Pública que no responde al Ejecutivo y que debe ser dotada de más recursos y un Ministerio del Interior con funciones claras y delimitadas.
Crear otra estructura más, no solo será costoso para el bolsillo de todos los uruguayos (con todo lo que eso implica), sino que además privaría a órganos de carácter investigativo como la Fiscalía de recursos económicos, además de privar al Poder Judicial (que es quien decide) de independencia.
Crear un Ministerio de Justicia acá no mejoraría nada esencial. Al contrario: abriría más la puerta a que el poder político influya donde hoy no puede. Ya hay demasiada influencia. Con la pasada reforma del Código del Proceso se establece una Fiscalía demasiado política y hoy los uruguayos debatimos estas cuestiones e intentamos buscarle una solución. La Fiscalía entró en la política y la política entró en la Fiscalía. Debatimos qué fue primero, el huevo o la gallina. ¿Y vamos a agregar otra estructura más?
Por ahí anda algún actor político manejando declaraciones —a mi entender sustancialmente inmaduras— sobre la conveniencia de la creación de un Ministerio de Justicia, pero su análisis, lejos de ser un análisis propio de una política de Estado, se basa en el capricho de “no hay que darle la llave al zorro”, hablando de la creación de un ministerio como si dependiera de quién tiene el poder coyunturalmente. Estas cuestiones tan serias deben debatirse con responsabilidad, no con inmadurez. Pero quitando ese lamentable y vergonzoso episodio, creo que el Uruguay debe pensar realmente qué necesita: si más estructura, más cargos, más gastos, menos separación de poderes; o dotar los organismos de justicia que existen hoy con recursos para poder desempeñar su tarea de forma eficiente, reformándolos también en su estructura escalafonaria y orgánica.
Por último me permito realizar una advertencia republicana.
Lo que está en juego no es un nombre en una puerta de edificio. Es la garantía de que la justicia no dependa del gobierno de turno, ni directa ni indirectamente.
Porque cuando la justicia depende del poder político, deja de ser justicia y pasa a ser herramienta.
No necesitamos un Ministerio de Justicia. Necesitamos justicia independiente, recursos adecuados y decisiones con visión republicana.
Esequiel Ibarra Convencional Nacional Partido Colorado.