Advierten que la propuesta carece de sustento técnico y podría desestabilizar el sistema previsional
En una conferencia de prensa, los candidatos a la diputación de la coalición republicana dieron a conocer un documento en el que exponen los motivos por los cuales consideran que no se debe votar la reforma constitucional sobre seguridad social propuesta por el PIT-CNT. Representantes de distintos partidos que conforman la coalición se unieron en su mensaje, alertando sobre los riesgos que, según ellos, implica la iniciativa para el futuro del país.
Falta de estudios técnicos y riesgos fiscales
El principal argumento presentado en el documento es la falta de estudios técnicos que respalden la propuesta de reforma. Según los candidatos, el proyecto no toma en cuenta las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que sugiere realizar proyecciones demográficas y económicas a largo plazo antes de realizar cambios en los sistemas previsionales. Los firmantes advirtieron que, de aprobarse la reforma, el país se vería envuelto en una espiral de gastos insostenibles, obligando al Estado a reasignar recursos de áreas claves como la salud, la educación y la lucha contra la pobreza.
Eliminación del ahorro individual y consecuencias jurídicas
Otro de los puntos críticos del documento es la eliminación del sistema de ahorro individual previsto en la Ley 16.713 de 1995, que administra los fondos de ahorro previsional. La reforma propone que dichos fondos sean administrados directamente por el Banco de Previsión Social (BPS), lo cual, según los candidatos, representa una violación al derecho de propiedad de los trabajadores. “Se confiscarían los ahorros de los trabajadores y sus herederos perderían el derecho a una pensión en caso de fallecimiento del titular”, afirmaron, advirtiendo que esto expondría al Estado a enfrentar numerosos juicios tanto a nivel empresarial como personal.
Además, destacaron que el sistema de ahorro individual actual ha sido invertido en proyectos productivos que equivalen a un 6% del Producto Bruto Interno (PBI) del país, por lo que su eliminación afectaría el financiamiento del sector público y el dinamismo de la economía.
Aumento de la edad jubilatoria y sostenibilidad del sistema
El documento también cuestiona la propuesta de regresar la edad jubilatoria a los 60 años, argumentando que dicha medida desconoce la realidad demográfica de Uruguay, caracterizada por una baja tasa de natalidad y un aumento en la esperanza de vida. Según los firmantes, este cambio pondría en peligro la estabilidad fiscal del sistema previsional, ya que menos trabajadores tendrían que financiar a un mayor número de jubilados.
“Las cajas paraestatales, como la profesional, notarial y bancaria, ya han realizado sus propias reformas, estableciendo la jubilación a los 65 años. Obligar al Estado a asistirlas financieramente generaría un desbalance en los recursos fiscales”, explicaron.
Impacto económico y educativo
Uno de los aspectos más alarmantes, según los candidatos, es el impacto que la reforma tendría en las finanzas públicas. El documento estima que los costos para financiar la reforma ascenderían a más de 1.500 millones de dólares anuales, llegando a 4.000 millones en un plazo de 15 años. “Este monto es equivalente a todo el presupuesto de la educación pública en Uruguay”, alertaron, añadiendo que comprometería el futuro de las generaciones jóvenes, quienes cargarían con el peso de un sistema desestabilizado.
Los firmantes también denunciaron que la propuesta de equiparar las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional es populista y fiscalmente inviable. Afirmaron que esta medida aumentaría las jubilaciones de forma indiscriminada, sin enfocarse en los más necesitados, generando inequidades en el uso de los recursos fiscales.
Un llamado a la ciudadanía: votar por la estabilidad del país
En su conclusión, los candidatos insistieron en que la aprobación de la reforma comprometería la estabilidad jurídica y política del país, afectando negativamente la inversión extranjera y forzando al gobierno a aumentar impuestos para financiar el sistema previsional. Además, señalaron que la reforma vulneraría los derechos de propiedad de los trabajadores y pondría en riesgo la viabilidad del sistema de seguridad social en el largo plazo.
El documento finaliza recordando a la ciudadanía que, para votar en contra de la reforma en el plebiscito, no deben introducir la papeleta de color blanco en el sobre de votación. “Es fundamental que todos los ciudadanos comprendan las graves consecuencias que esta reforma podría tener para el futuro de Uruguay”, concluyeron.
