El diputado sostuvo que el convenio entre los ministerios de Defensa e Interior permitirá utilizar vehículos protegidos en operativos policiales, pero aclaró que serán conducidos por efectivos policiales y forman parte de una estrategia integral para fortalecer el combate al delito.
Redacción de CAMBIOS
El diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP), Carlos “Carapa” Rodríguez, afirmó que el convenio suscrito entre los ministerios de Defensa Nacional e Interior para el uso de vehículos protegidos en operativos policiales no implica una militarización de la política de seguridad, sino el aprovechamiento de recursos del Estado para reforzar la protección de los efectivos policiales.
Las declaraciones fueron realizadas luego de la comparecencia de la ministra de Defensa Nacional ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Representantes, instancia en la que, según el legislador, quedaron aclarados los alcances del acuerdo.
Rodríguez enfatizó que “no va a haber efectivos militares directamente implicados en el combate al delito”, y explicó que el convenio únicamente habilita al Ministerio del Interior a utilizar vehículos que actualmente pertenecen a la cartera de Defensa.
Vehículos para operativos especiales
El legislador señaló que estas unidades serán operadas por policías especialmente capacitados y recordó que, en otros países, este tipo de vehículos forma parte del equipamiento habitual de las fuerzas policiales.
También informó que un primer grupo de 18 efectivos policiales está recibiendo entrenamiento en Florida para conducir vehículos de origen alemán que serán utilizados en este tipo de procedimientos.
Según explicó, en una primera etapa se incorporarán cuatro vehículos, aunque el convenio prevé la posibilidad de utilizar hasta doce unidades, dependiendo de la evaluación que se realice una vez iniciadas las operaciones.
Rodríguez indicó además que el acuerdo tiene carácter transitorio y responde, en parte, a la espera de cinco vehículos adquiridos por el Ministerio del Interior que llegarían al país antes de finalizar el año.
Responsabilidad del Ministerio del Interior
El diputado precisó que, durante los seis meses de vigencia del convenio, la totalidad de la responsabilidad sobre el uso, mantenimiento y eventuales daños de los vehículos recaerá sobre el Ministerio del Interior.
Agregó que el acuerdo podrá renovarse si ambas partes consideran necesario extender su aplicación.
El caso de los vehículos Mamba
Consultado sobre los vehículos blindados Mamba donados por Estados Unidos, Rodríguez explicó que forman parte de los modelos que eventualmente podrían utilizarse, aunque aclaró que las condiciones de la donación establecen que únicamente pueden ser conducidos por personal militar especialmente entrenado.
En ese sentido, indicó que, si se resolviera incorporarlos a operativos policiales, sería necesario instrumentar una comisión de servicio para el personal militar o aprobar una norma específica que otorgue mayor seguridad jurídica al procedimiento.
Asimismo, señaló que el Gobierno consultó formalmente a Estados Unidos sobre esta posibilidad y que la respuesta fue favorable, siempre que se respeten las condiciones establecidas para el uso de esos vehículos.
“Es una herramienta más”
Rodríguez rechazó que el convenio pueda interpretarse como la solución a los problemas de seguridad pública y sostuvo que debe entenderse como una herramienta dentro de un plan más amplio.
Afirmó que el combate al narcotráfico y al crimen organizado requiere una estrategia integral que incluya mayor despliegue policial, patrulleros, motocicletas, personal y otros recursos operativos, además de los vehículos protegidos.
El legislador consideró que reducir el debate sobre seguridad al uso de cuatro vehículos blindados constituye una visión equivocada y reiteró que el Ministerio del Interior nunca presentó esta medida como una solución aislada.
Finalmente, sostuvo que la discusión sobre las políticas de seguridad debe continuar en el ámbito parlamentario y reafirmó que el convenio entre Defensa e Interior “no implica una militarización de la política de seguridad”, sino una medida puntual destinada a fortalecer la capacidad operativa de la Policía.
Fuente: MPP Uruguay.