• 25 de junio de 2022

El gobierno cumple dos años de gestión con un 51% de aprobación

Mar 11, 2022

El gobierno cumple dos años de gestión con un 51% de aprobación y una brecha positiva de 28 puntos, registrándose cambios mínimos respecto al trimestre previo.

El gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou cumple hoy martes 1º de marzo sus primeros dos años de gestión, en un clima interno de campaña electoral rumbo al referéndum sobre la LUC. Los uruguayos mantienen mayoritariamente un juicio favorable sobe su labor, con un 51% que califica su gestión como “muy buena” o “buena”, un 24% que la considera “ni buena ni mala” y otro 23% que la cataloga como “mala o muy mala”.

En una mirada integral y contextualizada, el balance que la administración de Lacalle Pou obtiene tras 2 años en el poder es claramente favorable al oficialismo, existiendo una brecha de 28 puntos entre quienes aprueban y desaprueban abiertamente la gestión. Asimismo, los registros de aprobación  sitúan al gobierno de Lacalle Pou como uno de los mejor evaluados a los dos años de gestión entre las administraciones uruguayas posteriores a la recuperación democrática. Y, en una mirada regional, el gobierno uruguayo se encuentra dentro del pequeño grupo de pares latinoamericanos en donde la aprobación supera con creces a la desaprobación.

Por otro lado, los actuales niveles de aprobación son inferiores a los que el gobierno registró en los primeros meses de su mandato. Esto significa que el ciclo de aprobación del actual gobierno sigue por el momento la lógica de gobiernos anteriores, con un pico registrado al principio y un deterioro posterior de la aprobación, con la peculiaridad de que la pérdida de capital político de este gobierno ha sido leve (en comparación a gestiones como la de Jorge Batlle o la segunda gestión Vázquez).

Se destaca asimismo una situación de relativa estabilidad a lo largo del último año (con excepción de un incremento durante el segundo trimestre y una caída en el tercer trimestre de 2021). De hecho, los actuales registros de aprobación son muy similares a los que el gobierno registraba al cumplir un año de gestión y casi idénticos a los de la medición del pasado trimestre.

Entre el electorado oficialista, la aprobación alcanza el 85% mientras que al interior de los votantes frenteamplistas sólo llega al 11%.

Como ha sucedido a lo largo de todo el ciclo de gobierno, y en consonancia con la lógica bi-bloquista que prevalece en el país, se mantiene una fuerte segmentación de la aprobación de gobierno según afinidades partidarias. Al interior de los electores de la Coalición Multicolor, un 85% aprueba actualmente la labor del gobierno cifra que se reduce al 11% en el caso de los frenteamplistas. La brecha se revierte al considerar la desaprobación, que solo registra un 3% al interior del electorado oficialista y trepa al 53% en el caso del electorado votante por el FA en las elecciones de 2019. Un matiz importante, que explica el hecho de que el gobierno consiga hoy un importante saldo positivo de aprobación es que 1 de cada 3 frenteamplistas califica la gestión como “ni buena ni mala”.

Observando las series históricas por electorado, se observa que los principales cambios a lo largo del tiempo han ocurrido al interior de los votantes frenteamplistas, donde progresivamente ha ido creciendo la desaprobación y disminuyendo la aprobación. Por ejemplo, mientras al primer año de gobierno la brecha evaluativa tenía un saldo negativo de -27, hoy trepa a -42. Esto significa que el deterioro de la aprobación gubernamental en el conjunto de la ciudadanía en la comparación punta a punta, se explica principalmente por cambios en el electorado opositor. En cambio, al interior del electorado multicolor, los registros han sido más estables, con una leve pérdida de capital político luego del primer semestre de gobierno y niveles de desaprobación que  han sido invariablemente marginales (el máximo fue un 4% registrado en el 3er trimestre de 2021).

En cuanto a la aprobación por áreas de gestión, las tres principales registran saldos positivos pero con claras diferencias en los niveles de apoyo a la gestión de la pandemia, la seguridad y la economía.

La agenda del actual ciclo de gobierno ha estado dominada por tres grandes temáticas, dos que habitualmente se sitúan al tope de las preocupaciones ciudadanas (economía y seguridad) y una que irrumpió a causa de un fenómeno global ni bien iniciada la gestión (pandemia). Al observar cómo la ciudadana evalúa el desempeño del gobierno en estas tres áreas, emerge una vez más un fuerte consenso sobre la gestión sanitaria, en el marco de un contexto de descenso de  contagios y decesos tras el impacto local de la variante Omicron durante el verano. 74% de los uruguayos sostiene que la gestión de la pandemia es buena o muy buena y solamente un 9% la desaprueba.

Se trata de la única área de gestión donde el gobierno cuenta con brecha positiva dentro del electorado opositor. Aunque en términos de contagios y decesos 2021 fue para el país un año notoriamente más turbulento que 2020, el gobierno logró mantener un fuerte apoyo ciudadano en esta área clave de gestión, más allá de una caída coyuntural registrada en el momento más desfavorable en términos sanitarios (segundo trimestre de 2021).

La aprobación en gestión de la seguridad pública es otro importante activo del gobierno aunque los guarismos no tengan la contundencia de los indicadores de aprobación sanitaria. Actualmente, 46% aprueba la labor del gobierno en seguridad, contra un 24% que la desaprueba (brecha de +22 puntos). Se trata de registros bastante similares a los de la aprobación general. Se observa en esta dimensión el cambio más abrupto en la opinión pública uruguaya respecto a la segunda gestión Vázquez. Por ejemplo, a esta misma altura del ciclo de gobierno (2017) solo un 11% aprobaba la gestión en seguridad frente a un 68% que la desaprobaba.

Finalmente, en el área económica, se achica notoriamente la brecha entre quienes aprueban (40%) y quienes desaprueban la gestión del gobierno (30%), con un saldo de +11, muy similar al registro obtenido al finalizar el primer año de gestión. Esto marca un claro desacople entre los niveles de aprobación económica y los de aprobación general, un aspecto novedoso respecto al ciclo de gobierno previo. En un contexto de progresiva normalización sanitaria, queda sembrada como interrogante si la aprobación económica pasará a impactar más fuertemente en la aprobación general. De ser así, esto colocaría un desafío relevante al gobierno, en la medida que la aprobación económica está hoy varios puntos por debajo de la aprobación global. Como contrapartida, varios indicadores económicos (especialmente el crecimiento y el empleo) muestran claros signos de mejora respecto a 2020, lo que juega en favor de una preservación o incremento de la imagen de gestión económica ante la ciudadanía.

La aprobación de gestión y la LUC: un activo “potencial” en favor del oficialismo

A veintisiete días de la celebración del referéndum, los actuales niveles de aprobación constituyen un factor más favorable al mantenimiento de la ley que a su derogación, en la medida que la imagen general del gobierno tendrá impacto en las decisiones electorales de la ciudadanía (un aspecto ya sugerido por informes previos de opinión pública de Opción). Sin embargo, es necesario guardar cautela por varias razones.

Por un lado, nuestros informes previos de opinión pública han mostrado que segmentos relevantes que aprueban la labor del gobierno no están claramente volcados en favor del mantenimiento de la LUC, existiendo entre ellos un importante porcentaje de indecisos. Es decir, la aprobación de gobierno no se ha traducido hasta ahora en un apoyo lineal y automático a la papeleta celeste contraria a la derogación. Además, el principal activo del oficialismo en cuanto a su imagen de gestión (la pandemia) no está asociado a la LUC, por lo cual es factible que dicha dimensión no constituya un elemento central de la campaña en la recta final ni el aspecto más importante a la hora de sufragar en el referéndum. En suma, los actuales registros de aprobación de gestión son un elemento de contexto que juega en favor del mantenimiento de la ley pero que forman parte de un conjunto más amplio de elementos que impactarán en el voto, entre ellos, el impacto de la campaña sobre las percepciones en torno a los artículos y temas de la LUC en disputa.

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