La Comisión de Derechos Humanos aprobó el proyecto por unanimidad; la iniciativa busca erradicar el matrimonio infantil en Uruguay. Redacción de CAMBIOS
La Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género del Senado aprobó por unanimidad un proyecto de ley que eleva de 16 a 18 años la edad mínima para contraer matrimonio en Uruguay. La iniciativa, que cuenta con respaldo de todos los partidos políticos, será tratada en el plenario de la cámara alta durante el mes de septiembre.
El cambio responde a una recomendación del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que en varias oportunidades manifestó su preocupación por la vigencia de la normativa actual. Según los estándares internacionales, todo matrimonio celebrado antes de los 18 años se considera un matrimonio infantil, práctica que los organismos especializados buscan erradicar por el impacto que tiene sobre los derechos y la autonomía de las personas menores de edad.
Una realidad en cifras
En los últimos cinco años se registraron en Uruguay 84 matrimonios en los que una o ambas personas eran menores de edad. De ellos, 82 casos fueron entre un menor y un mayor de edad, con un marcado sesgo de género: el 91,5% de las veces las menores eran mujeres, según datos divulgados por diario El País.
Actualmente, la normativa permite casarse a partir de los 16 años con la autorización de los padres, madres o tutores, y con la intervención de un juez. Con la reforma planteada, la edad mínima quedará establecida en 18 años sin excepciones, lo que eliminaría la posibilidad de autorizaciones especiales.
Hacia un nuevo marco legal
El proyecto aprobado en comisión se enmarca en los esfuerzos por adecuar la legislación uruguaya a los compromisos internacionales en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. “Estamos corrigiendo una norma que estaba en contradicción con los tratados que Uruguay ha firmado y con la mirada moderna sobre los derechos humanos”, dijo la senadora Lilian Kechichian.
Si bien el debate en el plenario aún está pendiente, el respaldo unánime en la comisión augura una rápida aprobación. De concretarse, Uruguay daría un paso más en la adecuación de su legislación para garantizar la igualdad y combatir prácticas consideradas perjudiciales para el desarrollo integral de adolescentes y jóvenes.