La decisión anunciada por el presidente Yamandú Orsi de impulsar la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desató una inmediata reacción en el sistema político. Mientras desde el Frente Amplio se presenta como una apuesta a fortalecer el área institucional y ordenar competencias vinculadas a la justicia, desde la oposición surgieron cuestionamientos tanto por el impacto administrativo como por la eventual designación de Jorge Díaz al frente de la nueva cartera.
Durante su discurso ante la Asamblea General, Orsi informó que en los próximos días enviará al Parlamento un proyecto de ley para concretar la creación del ministerio. El anuncio, realizado en un ámbito de alta visibilidad política, no pasó inadvertido y rápidamente generó posicionamientos críticos desde filas opositoras.
Uno de los primeros en manifestar su rechazo fue el senador nacionalista Javier García, quien dejó en claro que “no comparte en absoluto” la creación de una nueva cartera. El legislador sostuvo que la solución a los problemas estructurales del país no pasa por ampliar la estructura estatal. “No es creando más burocracias y más cargos políticos que terminan pagando los bolsillos de los uruguayos que se resuelven los problemas. Esto significa más burocracia, más cargos políticos, más gasto público”, afirmó.
García insistió además en que Uruguay ya cuenta con un aparato administrativo amplio y que no sería necesario sumar otra dependencia ministerial. A su entender, “sobra administración”, y advirtió que la creación de un Ministerio de Justicia podría generar superposición de funciones con otros organismos del Estado.
Otro de los puntos que marcó preocupación en la oposición es la posible incidencia que un nuevo ministerio podría tener sobre la independencia del Poder Judicial. Desde el nacionalismo se planteó que la existencia de una cartera específica podría abrir debates sobre el alcance de sus competencias y el equilibrio entre poderes, un tema sensible dentro del diseño institucional del país.
Por su parte, el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, también expresó reparos, aunque puso el foco en otro aspecto del anuncio. Según señaló, la principal inquietud no radica necesariamente en la creación del ministerio en sí, sino en la posibilidad de que Jorge Díaz —actual prosecretario de la Presidencia y exfiscal de Corte— sea quien lo encabece.
“Me parece que es preocupante que Jorge Díaz pueda ser ministro de Justicia y me parece que, si esa es la idea, prefiero que no haya Ministerio de Justicia”, sostuvo Mieres, marcando distancia con la eventual designación. El dirigente dejó entrever que el perfil del eventual titular podría influir en la percepción de independencia y equilibrio institucional.
La figura de Díaz no es nueva en el debate público vinculado a la justicia. Su trayectoria al frente de la Fiscalía General de la Nación y su posterior ingreso a la Presidencia han sido objeto de respaldos y críticas en distintos momentos, lo que agrega un componente político adicional a la discusión.
Desde el oficialismo, en tanto, se entiende que la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos permitiría centralizar políticas vinculadas al sistema penitenciario, la coordinación con organismos judiciales y la promoción de derechos humanos, áreas que actualmente se encuentran distribuidas en distintas dependencias del Estado. La iniciativa deberá ahora ingresar al Parlamento, donde comenzará un proceso de análisis y negociación que promete ser intenso.
El debate recién comienza y se anticipa que ocupará un lugar destacado en la agenda política de las próximas semanas. La discusión no solo gira en torno al diseño institucional, sino también al alcance de las reformas que el nuevo gobierno pretende impulsar en materia de justicia y a la correlación de fuerzas en el ámbito legislativo, donde la oposición ya adelantó que dará una fuerte batalla.
Redacción de Cambios