Presentación El Monitor de Opinión Pública presenta información de seguimiento de la opinión pública, incluyendo información de actitudes relativas a fenómenos políticos y a temáticas sociales de interés para la población uruguaya. La información presentada en este informe proviene de una encuesta de telefonía celular a personas mayores de 18 años residentes en todo el país. La medición fue realizada entre el 9/8/2021 y el 16/8/ 2021 sobre la base de un muestreo aleatorio a números rango de telefonía celular. La muestra es de 800 casos y el margen de error máximo para las proporciones del total de la muestra es de +/-3.5% para un nivel de confianza del 95%. Los resultados se encuentran ponderados por nivel educativo, región, edad, sexo y voto en las elecciones presidenciales de 2019. El Monitor de Opinión Pública es contratado por Montecarlo Televisión, agrupaciones políticas y organizaciones del sector público y privado. Este informe se presenta como primicia en Telenoche 4.
Análisis Brecha de 4 puntos en favor de la derogación de la LUC. Impulsores de la derogación precisarían entre 9-10 puntos adicionales para alcanzar la derogación, lo que significa entre un 40%-45% del segmento indefinido. El pasado 7 de setiembre la Corte Electoral realizó su última actualización del progreso del proceso de validación de firmas para convocar a un referéndum en torno a la derogación de la Ley 19.889, conocida habitualmente como Ley de Urgente Consideración, LUC. Habiéndose resuelto ya la validez o invalidez de un tercio de las casi 800.000 firmas entregadas por los impulsores de la campaña, algo más de un 9% han sido invalidadas y el 91% restante validadas. Eso significa que hay un escenario casi seguro de concreción del referéndum para el primer semestre de 2022, con un porcentaje de firmas que llegaría al 27%, escenario al que ya están adaptándose las dirigencias políticas de ambos bloques electorales. En este contexto, nuestro Monitor de Opinión Pública del tercer trimestre registra una situación de paridad electoral entre ambas posiciones, con una leve ventaja (4 puntos, 41% a 37%) en favor de la derogación de la ley, aunque varios puntos detrás de la mayoría absoluta necesaria para concretar la derogación.
Así, el escenario proyecta como decisivo el comportamiento de los actuales indefinidos, entre los que se incluye una minoría que votaría en blanco o anulado (3%) y una mayoría que compone el grupo de los indecisos propiamente dichos (19%). Respecto a la evolución a lo largo del año, agosto registra un leve agrandamiento de la brecha entre quienes votarían por el SI (a favor de la derogación) y quienes lo harían por el NO (a favor de mantener la ley), subiendo 1 punto los primeros y bajando 1 punto los segundos, agrandándose de 2 a 4 puntos la brecha. La tendencia puede representar un cambio efectivo en la opinión pública pero también reflejar una fluctuación debida al margen de error estadístico de las proporciones. Globalmente, a lo largo del año el cambio más importante ocurrió de mayo a febrero, cuando el porcentaje de defensores de la ley ascendió 5 puntos como resultado de un descenso de los indefinidos. En tanto, los guarismos en favor de la derogación han sido predominantemente estables, en torno a una base firme del 40%.
Si se observan las preferencias según electorados, surge una contundente (y esperable) brecha. Entre los frenteamplistas, el 80% votaría por la derogación, el 9% por mantener la ley y un 9% está indefinido. Entre los electores multicolores, los que votarían por mantener la ley superan en 45 puntos a quienes votarían por la derogación (62% a 17%) y los indefinidos alcanzan el 21%. Analizando la variación por electorados en el correr del año, quienes apoyarían la derogación han subido de un trimestre a otro entre los frenteamplistas, 6 puntos de febrero a mayo y 3 puntos de mayo a agosto. Entre los multicolores, el minoritario segmento en favor de la derogación ha sido oscilante: 19% en febrero, 15% en mayo y 17% en agosto. Los electores que en octubre de 2019 se volcaron por otras opciones, en tanto, tienen cierto sesgo en favor de la derogación (34% a 26%) y, esperablemente, un muy alto porcentaje de indefinidos (40%). Este es, indudablemente, uno de los segmentos de mayor atractividad electoral de cara a la campaña. Si bien la diferencia ente frenteamplistas y multicolores es contundente, también se comprueba que el FA está logrando una mejor fidelización de su electorado. Hay 18 puntos de diferencia entre los electores frenteamplistas que apoyan la posición derogatoria impulsada por su partido y los electores multicolores que apoyan la posición (unánime) de los partidos de la CM en favor de la ley (80% a 62%). Esto es lo que explica que, pese a que la CM en su conjunto superara por 15 puntos al FA en las elecciones de octubre de 2019, de cara al referéndum predominen los impulsores de la derogación sobre los defensores de la ley.
Al mismo tiempo, la Coalición Multicolor tiene a su favor un mayor potencial de conversión de indefinidos propios, que son 10 puntos más que entre los frenteamplistas (19% versus 9%). Para la CM también es una ventaja potencial que el voto en blanco cuente en favor de quienes impulsan el mantenimiento de la ley La aprobación de gobierno está fuertemente asociada a las preferencias de voto. Entre quienes califican la gestión como «buena» o en forma neutra se encuentra el mayor porcentaje de indefinidos. Se ha calificado habitualmente al probable referéndum sobre la LUC como un plebiscito sobre el gobierno, donde los electores pondrán en juego su humor y estado de opinión en torno a la gestión gubernamental al momento de ensobrar su papeleta. Este argumento tiene un fundamento interesante en la medida que la LUC es un paquete muy amplio de medidas, lo que facilita una asociación más comprehensiva con la línea del gobierno en su conjunto.
Además, si ningún capítulo específico de la LUC logra instalarse como tema álgido de campaña (hasta ahora no ha ocurrido), crecerá la probabilidad de desarrollase una campaña que gire en torno a la orientación general del gobierno. Por esta razón, es factible que la aprobación del gobierno al momento del referéndum incida en el resultado final, muy especialmente entre quienes tienen identidades partidarias débiles y/o volátiles. Al cruzar los datos de aprobación de gobierno con intención de voto en el referéndum, efectivamente se comprueba una fuerte asociación en la dirección esperada y con un claro efecto escalonado: cuanto mayor el nivel de aprobación al gobierno, menor el porcentaje que derogaría la LUC. Quienes derogarían la LUC son una clara minoría entre quienes aprueban la gestión, creciendo además la defensa de la ley a mayor entusiasmo con el gobierno: solo un 6% entre quienes consideran a la gestión «muy buena» derogaría la ley y un 21% lo haría entre quienes califican a la gestión como «buena». Intención de Voto: Referéndum LUC – Agosto 2021 de Opción Consultores En los segmentos que no aprueban al gobierno, en cambio, el apoyo a la ley se vuelve minoritario: 19% entre quienes califican la gestión como «ni buena ni mala» y 8% entre quienes desaprueban la gestión (en su casi totalidad electores frenteamplistas). Al mismo tiempo, hay una diferencia importante entre quienes sostienen una aprobación neutra y quienes desaprueban al gobierno. Mientras entre los primeros el voto por la derogación alcanza el 51%, entre quienes la califican como «mala» son el 77% y entre quienes la consideran «muy mala» el 88%.
Esto se explica, principalmente, por el mayor porcentaje de indefinidos entre quienes sostienen una aprobación neutra. Justamente, la relación entre indefinición sobre el referéndum y aprobación de gobierno es un componente clave de cara a la campaña. Los indefinidos crecen significativamente entre los segmentos que consideran la gestión como «buena» y quienes la califican en forma «neutra». Por tanto, hay un mayor sesgo de los indefinidos hacia la población que aprueba (o al menos no desaprueba) la gestión. Para el oficialismo, naturalmente, uno de los primeros desafíos de campaña debería ser lograr una mayor conversión de aprobación de gestión en apoyo a la LUC. Se trata de un desafío clave: este segmento representa un 10% del total del electorado y un 45% de los indefinidos.
Para la oposición en tanto, en un contexto de aprobación como el actual, la mayor oportunidad en su desafío de alcanzar la mayoría absoluta estaría en el segmento indefinido que sostiene una aprobación neutra, que llega al 8% del electorado total. En cambio, es pequeño el volumen de indefinidos entre quienes desaprueban la gestión (2% del electorado total), por lo que su eventual conversión en electores en favor de la derogación tiene un potencial electoral significativamente menor. Además de estas consideraciones, naturalmente será clave el modo en que evolucione la aprobación de gobierno, que hoy se caracteriza por una interesante brecha positiva, aunque bastante menor a las de los primeros tiempos de gestión, en el marco de en un clima de opinión pospandémico con creciente importancia de las demandas socioeconómicas. En suma, el escenario del referéndum es de alta incertidumbre. Los impulsores de la derogación cuentan con una base sólida en torno al 40% del electorado, guarismo (no por casualidad) similar al que el Frente Amplio alcanzó en octubre de 2019. Al mismo tiempo, la derogación se podría concretar captando entre el 40%-45% de los actuales indefinidos, asumiendo como firme el electorado que ya ha expresado preferencia por una u otra opción. Se trata de un desafío importante para los promotores de la derogación, en la medida que el sesgo de los indefinidos favorece a la Coalición Multicolor: prevalecen los votantes de la coalición oficialista en las últimas elecciones así como los electores que evalúan en forma positiva o neutra la gestión de gobierno.