La Justicia cerró el proceso tras dos años al no encontrar pruebas suficientes para sostener la acusación.
Redacción de Cambios
Luego de dos años de actuaciones judiciales, el exencargado de la Dirección de Seguridad Rural, Williard Ken González, fue sobreseído por la Justicia en la causa en la que se lo investigaba por presuntos delitos de revelación de secretos y omisión de denunciar.
La resolución fue dictada el 21 de abril por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Paso de los Toros, a partir de un pedido de la Fiscalía, que concluyó que no existían elementos probatorios suficientes para continuar con el proceso.
El fallo dispuso además el cese de todas las medidas cautelares, la devolución de los bienes incautados y la modificación de la carátula del expediente, eliminando toda referencia a González.
En diálogo tras conocerse la decisión judicial, el exjerarca recordó que el proceso se inició hace dos años y destacó que desde un primer momento sostuvo su inocencia. Señaló que optó por atravesar todas las etapas procesales con el objetivo de demostrar que las acusaciones no se ajustaban a la realidad.
González explicó que, en un inicio, la Fiscalía planteó dos posibles delitos: la omisión de un funcionario público de denunciar un hecho y la revelación de secretos. Indicó que este último fue descartado en las primeras instancias, mientras que la investigación continuó en torno a la supuesta omisión de denuncia.
El caso transitó diferentes instancias judiciales, incluyendo intervenciones del Tribunal de Apelaciones y la Suprema Corte de Justicia, que estableció como punto central determinar si existió un perjuicio concreto derivado de esa omisión en la Dirección Nacional de Seguridad Rural.
Según detalló, tras la investigación correspondiente, el fiscal actuante resolvió solicitar el sobreseimiento, lo que finalmente fue confirmado por la jueza competente.
Consultado sobre el impacto del proceso, González fue enfático en señalar que las consecuencias más significativas no fueron económicas. “El daño económico es el que menos efecto tiene; el peor es el daño moral y psicológico que he padecido”, expresó.
En ese sentido, reflexionó sobre lo que implica atravesar una instancia judicial de este tipo y sostuvo que quienes están convencidos de su inocencia deben continuar hasta el final del proceso, evitando acuerdos abreviados.
Respecto a los pasos a seguir, adelantó que junto a su defensa analiza iniciar una demanda reparatoria por daños y perjuicios, aunque reconoció que se trata de una instancia compleja.
También hizo referencia a su situación laboral, indicando que el cargo que ocupaba era de confianza política, por lo que no existe la posibilidad de una restitución automática. No obstante, manifestó su interés en retomar su actividad, señalando su trayectoria y reconocimiento a nivel nacional.
Finalmente, valoró el sobreseimiento como un cierre importante en lo judicial, aunque remarcó que las consecuencias personales del proceso dejan huellas difíciles de reparar.
La resolución marca el final del proceso penal, dando por concluido un trámite que se extendió durante más de dos años.