Redacción de Cambios
La presidenta del Banco de Previsión Social (BPS), Jimena Pardo, visitó por primera vez la oficina departamental de Florida en el marco de una recorrida nacional por las distintas sucursales. En conferencia de prensa, abordó varios temas de la agenda del organismo, entre ellos el atraso en los trámites, el aumento de las pasividades mínimas, los cambios en las fiscalizaciones y la ampliación del plazo para reconocer años trabajados previos a 1996.
Uno de los principales problemas que enfrenta el BPS es la demora en la resolución de expedientes, especialmente en trámites de jubilaciones, pensiones y reconocimientos de servicios. Según informó Pardo, en mayo de este año había más de 58.000 trámites pendientes, de los cuales casi un tercio llevaba más de un año de espera. Gracias a medidas de gestión implementadas en los últimos meses, esa cifra se redujo a unos 55.000 casos al cierre de julio, aunque continúan ingresando unos 9.000 nuevos expedientes cada mes.
Pardo explicó que la situación de atraso se generó a partir de cambios en el modelo de atención, que dividió las tareas entre funcionarios de atención básica y otros dedicados a la resolución de expedientes, lo que afectó la formación integral y la capacidad de respuesta. Para revertir esto, se trabaja en tres frentes: rotación de tareas para capacitar integralmente al personal, más instancias de formación y refuerzo en la plantilla de funcionarios. En este último punto, se prevé la incorporación de unos 120 nuevos ingresos mediante concurso y la transformación de 250 vacantes en cargos profesionales, además de llamados a inspectores.
En relación a las pasividades mínimas, Pardo anunció que se cumplirá con el compromiso asumido por el presidente Yamandú Orsi: un aumento adicional del 2%, retroactivo a julio, que se comenzará a pagar en septiembre. En julio de 2026 se sumará un 1% más. Esta medida beneficiará a unas 140.000 personas, entre jubilados y pensionistas del BPS, el Servicio de Retiros y Pensiones Policial y el Servicio de Retiros Militares.
Otro de los puntos destacados fue el relanzamiento del programa de pesquisas médicas para jubilados, en coordinación con Onajpu, el Ministerio de Salud Pública y la brigada médica cubana. Esta iniciativa, que había quedado interrumpida en 2019, permitirá detectar problemas de salud en personas mayores en todo el país, facilitando traslados y tratamientos.
Respecto a las fiscalizaciones laborales, el directorio del BPS decidió dejar sin efecto una resolución de 2020 que había limitado la coordinación con el Ministerio de Trabajo. A partir de ahora, cuando los inspectores detecten irregularidades en el pago de salarios, deberán informar al ministerio, que es quien tiene potestad sancionatoria. Además, si no se puede comprobar con certeza cuánto cobraba un trabajador, el organismo aplicará como referencia el laudo fijado por los Consejos de Salarios.
Finalmente, la presidente recordó la importancia de que las personas mayores de 62 años revisen si tienen períodos laborales anteriores a 1996 que aún no hayan sido reconocidos. El plazo para realizar este trámite vence en mayo de 2026, y quienes no lo gestionen antes de esa fecha perderán la posibilidad de hacerlo. El reconocimiento puede realizarse presentando documentación probatoria o, en su defecto, mediante declaraciones y testimonios, aunque este último mecanismo suele ser más lento y costoso.
Con estas medidas, el BPS busca no solo acelerar la resolución de trámites y mejorar el servicio, sino también avanzar en una mayor equidad en el sistema de seguridad social y en la protección de los jubilados, pensionistas y trabajadores de todo el país.
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