• 25 de junio de 2022

Marcelo Reyes: El nuevo delito de autoevasión

Nov 23, 2021

Este delito tiene una particularidad de que va dirigido a determinados sujetos; presos y detenidos legalmente. Nace por la intranquilidad que tienen los Estados, de las fugas de las personas ya mencionadas. En Uruguay hubo ciertas fugas que marcaron camino para que cierto sector quiera modificar tal delito y en definitiva haya un abanico más amplio para poder poner en ejecución tal delito.

Debido que antes para que se configure tal delito, se necesitaba emplear violencia en las cosas, hoy el abanico es más amplio, ya que no solo comprende esa modalidad sino también la simple fuga. Esto en definitiva de «nuevo» tiene poco, porque ya estaba previsto en nuestro código penal desde el año 1889 y luego además transitó varias modificaciones. Pero es menester titularlo así, debido al rotundo cambio que hace la LUC respecto a este delito en cuanto a que desaparece la referencia subjetiva manejada «emplear violencia en las cosas» y no en cuanto al guarismo de la pena, donde prácticamente no hay un incremento significativo.

Tal referencia subjetiva la veíamos en la anterior redacción de nuestro código «El que hallándose legalmente preso o detenido, se evadiera empleando violencia en las cosas» Ahora bien, en la actual redacción introducida por la Ley de Urgente Consideración, Ley 19889, se elimina la referencia mencionada y se comete el delito sin la necesidad de utilizar la violencia en las cosas. Esto marcó camino para que el delito sea más ejecutable, debido a que la simple fuga configura el delito mencionado. Puede entenderse que esta modificación sea un poco por la presión social y mediática sobre los casos originados en los últimos años, uno de ellos el del narcotraficante Morabito, donde logra escaparse sin configurar tal delito, debido a que no empleó violencia en las cosas. Hoy en la actual redacción el sujeto hubiera cometido el ilícito penal. Pero lo que no puede entenderse, es que no se respeten los principios básicos del Derecho Penal de un Estado de Derecho como el nuestro (límites al poder punitivo) como lo son: el principio de ultima ratio o de mínima intervención. Como se sabe el Derecho penal debe ser la última medida y no parece serlo en este caso.

«El Estado en sentido amplio es al que compete resguardar a las personas privadas de libertad, de forma de evitar que se escapen» Esa ineptitud del Estado, no se logra con la varita mágica del derecho penal. El mecanismo correcto sería realizar una mejora efectiva del sistema penitenciario en general y no metiendo mano en el derecho penal. El derecho penal, el poder punitivo, no soluciona el problema. Esa vieja falacia impuesta por nuestra constitución «en ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar» Art 26, es realmente todo lo contrario, no rehabilita, le lleva un gasto costoso al estado y es nada menos que la principal escuela del delito. Hay que poner por delante los DDHH y buscar soluciones, que no conduzcan a un resultado adverso.

HELENO CLAUDIO FRAGOSO un jurista comprometido con los Derechos Humanos señalaba «la tendencia generalizada es a reducir al máximo el área de incidencia del Derecho Penal, teniendo en vista el alto costo social que la pena representa… Una nueva Política Criminal requiere el examen riguroso de los casos en que conviene excluir, en principio, la sanción penal (descriminalización) suprimiendo la infracción, o modificar o atenuar la sanción existente (despenalización)». Hay regímenes alternativos, que, para estos casos, conllevan a una solución más justa y indudablemente más beneficioso para nuestro Estado, como, por ejemplo: arresto de fin de semana, trabajo en beneficio de la víctima, trabajo en interés comunitario, pena de multa, etc. Con respecto al principio de Lesividad (para que exista delito debe haber un bien jurídico lesionado), cuesta ver el bien jurídico lesionado, la doctrina lo ve como que lesiona el bien jurídico «Administración de Justicia» en sentido amplio. El destacado profesor Gonzalo Fernández ha sido un arduo defensor de este principio y advierte en una de sus publicaciones «que es un riesgo para los Derechos Humanos, los delitos sin bien jurídico, como se les designa en doctrina, entendiendo por tales aquellas figuras delictivas que carecen de un bien jurídico tutelado o donde la existencia del mismo resulta dudosa» Bibliografía consultada: «Incidencias de la LUC en el Derecho Penal» Pedro Montano y Daniel Cabral (coordinadores) «Derecho Penal y Derechos Humanos» Gonzalo Fernández Marcelo Reyes cel 091.200.023

Deja un comentario...